CIUDAD DE MÉXICO.- Cuatro de las principales organizaciones de defensa de los migrantes de México informaron el miércoles que denunciaron en los tribunales al gobierno de Andrés Manuel López Obrador por realizar deportaciones “masivas” que violan el debido proceso y las leyes de asilo nacionales e internacionales.

Los amparos fueron presentados el 3 de septiembre en un tribunal de Tabasco -en el sureste del país- y en otro de la Ciudad de México por las organizaciones Asylum Access, Fundación para la Justicia, Sin Fronteras y el Instituto para las Mujeres en la Migración.

Estos colectivos consideran ilegales las expulsiones realizadas por autoridades mexicanas “de madrugada y por puntos no establecidos”, así como las devoluciones en cadena de personas expulsadas de Estados Unidos a aeropuertos del sur (Chiapas y Tabasco) y centro del país (Jalisco, Ciudad de México y otros) que después son trasladadas vía terrestre a la frontera con Guatemala por agentes migratorios mexicanos y de la Guardia Nacional, “sin recibir información sobre la posibilidad de solicitar protección en México”.

Los migrantes devueltos por Estados Unidos son expulsados gracias a una medida de salud pública -el llamado Título 42- que se puso en marcha en marzo de 2020 con motivo de la pandemia del nuevo coronavirus y que continúa en vigor en la administración de Joe Biden aunque ha sido muy criticada por organizaciones humanitarias.

Los vuelos desde Estados Unidos al sur de México con migrantes no mexicanos tienen lugar desde agosto -sólo en ese mes hubo 34, según las organizaciones- . Agencias de Naciones Unidas han manifestado su preocupación al respecto.

Según los denunciantes, la actuación mexicana viola la prohibición de expulsar a personas con necesidades de protección internacional y no toma en cuenta el interés superior de la niñez ni la perspectiva de género.

Además, contradice lo dicho por la cancillería mexicana en marzo de 2020, cuando se comprometió a recibir a unas 100 personas diarias desde Estados Unidos, con excepción de aquellas vulnerables al Covid-19 -como niños y mujeres embarazadas-, y sólo de Guatemala, Honduras y El Salvador.

“No obstante, se ha registrado la expulsión de personas de nacionalidades diferentes a las señaladas, de mujeres embarazadas y niñez y un mayor número respecto del comprometido”, indicaron las organizaciones.

En lo que va de año Estados Unidos ha hecho más de 674 mil devoluciones -casi la mitad de no mexicanos- y muchas de ellas de familias pese a que organizaciones civiles han acudido a los tribunales estadounidense para intentar detener la expulsión de grupos familiares.

La denuncia llega en momentos en que México enfrenta una creciente presión de migrantes en su frontera sur que se quejan de la lentitud de sus trámites.

En los últimos días varios grupos intentaron salir caminando hacia el norte pero fueron contenidos, en ocasiones con uso excesivo de la fuerza, por las fuerzas federales. Algunos de los detenidos en los últimos operativos aparentemente también fueron expulsados de madrugada y por puntos no establecidos.

Las organizaciones presentaron también una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por las expulsiones y adelantaron que pedirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que solicite información al gobierno mexicano sobre las mismas, ya que no se ha informado públicamente al respecto.