WASHINGTON.- La Corte Suprema señaló el martes que el gobierno del presidente Joe Biden posiblemente violó la ley federal al intentar ponerle fin a un programa implementado por su predecesor que obliga a los solicitantes de asilo a esperar en México a que llegue la fecha de las audiencias para su caso.

Con el disenso de los tres jueces liberales, la Corte Suprema se rehusó a bloquear el fallo de un tribunal menor que ordena al gobierno a poner nuevamente el marcha el programa conocido informalmente como “Permanecer en México”.

Se desconoce cuántas personas resultarán afectadas y qué tan pronto. Según el fallo del tribunal menor, el gobierno debe realizar un “esfuerzo de buena fe” para reiniciar el programa.

Tampoco hay nada que le impida al gobierno intentar nuevamente ponerle fin al programa, cuyo nombre formal es Protocolos de Protección al Migrante.

Un juez federal de Texas había ordenado la semana pasada la reinstauración del programa. Tanto el juez como la Corte Federal de Apelaciones del 5to Circuito rechazaron la solicitud del gobierno de suspender el fallo.

El magistrado Samuel Alito había ordenado una breve demora para otorgarle al pleno de la corte el tiempo necesario para considerar la apelación del gobierno.

El tribunal del 5to Circuito ordenó una consideración expedita a la apelación del gobierno.

La corte no dio una gran explicación de su decisión, aunque sí hizo mención de su opinión del año pasado en la que rechazó el intento del gobierno del expresidente Donald Trump de poner fin a otro programa migratorio, el de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus iniciales en inglés). En ese caso, el tribunal ratificó que la decisión de terminar el DACA era “arbitraria y caprichosa”, lo que viola la ley federal.

El gobierno “no ha podido demostrar la posibilidad de éxito sobre la afirmación de que el memorándum que rescinde los Protocolos de Protección al Migrante no era arbitrario y caprichoso”, escribió la corte el martes en su orden sin firma.

Ninguno de los tres jueces en disenso — Stephen Breyer, Elena Kagan y Sonia Sotomayor — escribió una opinión en la que expresaran su postura del caso.

En un comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional señaló que lamenta que el máximo tribunal se haya negado a otorgar el bloqueo. La dependencia dijo que seguirá impugnando la orden del tribunal de distrito.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus iniciales en inglés) hizo un llamado al gobierno a presentar un argumento más detallado y que pueda resistir el escrutinio de la corte para poner fin al programa “Permanecer en México”.

El gobierno debe echar mano de todos los recursos disponibles para ponerle fin en su totalidad a este programa ilegal, incluyendo terminarlo nuevamente con una explicación más detallada. Lo que no debe hacer, es utilizar esta decisión como una cubierta para abandonar su compromiso de restablecer un sistema de asilo justo”, señaló Omar Jadwat, director del proyecto por los derechos de los inmigrantes de la ACLU.

Durante la presidencia de Trump, la medida obligaba a decenas de miles de solicitantes de asilo en Estados Unidos a regresar a México. Su objetivo era desalentar a los solicitantes de asilo, pero sus detractores señalaron que la política le negaba a la gente su derecho legal a buscar protección en Estados Unidos, obligándolos a esperar en peligrosas ciudades en el lado mexicano de la frontera.

El juez de distrito Matthew J. Kacsmaryk, en Amarillo, Texas, ordenó que se reanudara el programa en respuesta a la demanda presentada por los estados de Texas y Missouri, cuyos gobernadores han intentado restablecer algunas de las estrictas políticas migratorias de la presidencia de Trump.

El gobierno de Biden argumentó que el presidente tiene “clara autoridad para determinar las políticas migratorias” y que el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, tiene el criterio para decidir sobre enviar o no a los solicitantes de asilo de regreso a México.

En su escrito presentado ante la Corte Suprema el viernes pasado, el gobierno alegó que la medida ha estado inactiva por más de un año, y restablecerla súbitamente “perjudicaría” las relaciones de Estados Unidos con aliados regionales clave, alteraría severamente sus operaciones en la frontera sur, y amenazaría con crear una crisis diplomática y humanitaria”.