CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez federal ordenó la aprehensión de Laura Bozzo en el proceso que le iniciaron por vender un inmueble embargado por el SAT y con el que había garantizado un adeudo fiscal de más de 13 millones de pesos.

Daniel Ramírez Peña, Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, instruyó la captura de la conductora de televisión por el delito de depositaría infiel, informaron fuentes del Gobierno federal.

Al mismo tiempo, con base en este mandamiento judicial, la Fiscalía General de la República solicitó a la Oficina de la Policía Internacional (Interpol) girar una ficha roja contra Bozzo, para que sea localizada en más de 190 países. Se espera que en breve sea emitida esta notificación de búsqueda.

La orden de captura fue girada contra Bozzo, debido a que incumplió con la orden del Juez Ramírez Peña de internarse voluntariamente en el Penal Estatal de Santiaguito, Estado de México, en un plazo de 48 horas, mismo que venció desde el viernes pasado a las 4:00  de la tarde.

La conductora de «Laura en América» presentó desde el jueves un amparo ante un juez federal del Estado de México y solicitó en su demanda suspender la orden de aprehensión y de internarse por su propio pie a prisión. Sin embargo, hasta el momento el juzgado no ha frenado ninguno de los mandamientos judiciales.

En el caso por el que ahora está prófuga de la justicia, Laura Bozzo libró una defraudación fiscal de más de 13 millones de pesos y un delito de insolvencia fraudulenta, pero este último fue reclasificado por el de depositaría infiel, ilícito por el que finalmente fue procesada.

En la audiencia del miércoles ante el Juez de control Daniel Ramírez Peña, los fiscales formularon la imputación contra Bozzo por una supuesta defraudación fiscal de 13 millones 295 mil pesos en año 2012, por concepto de impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado e impuesto empresarial a tasa única.

El juez, sin embargo, desestimó por prescripción este delito, razón por la que enseguida los fiscales le imputaron la insolvencia fraudulenta, un delito que no fue materia de la solicitud de la audiencia inicial, pero que fue denunciado por el Servicio de Administración Tributaria incluso antes de la querella por quebranto al fisco.