CIUDAD DE MÉXICO.- México inició el miércoles el primer proceso penal contra un alto funcionario acusado de recibir sobornos millonarios de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de jugosos contratos, pero el imputado no pisará la cárcel porque colaborará con la justicia.

Después de más de 12 horas de audiencia, un juez vinculó a proceso a Emilio Loyoza, director de Petróleos Mexicanos de 2012 a 2016, por delitos equivalentes a soborno, asociación delictuosa y lavado de dinero, en el segundo juicio por corrupción en su contra.

El inicio del proceso penal tiene lugar casi cuatro años después de que Odebrecht confesara ante las autoridades estadounidenses que pagó 10,5 millones de dólares en sobornos a miembros de Pemex entre 2010 y 2014.

Según la fiscalía, los sobornos a Lozoya no solo fueron para obtener contratos sino que el imputado llegó a ofrecer a uno de los directivos de Odebrecht un cargo en el gobierno si su partido, el Revolucionario Institucional (PRI), ganaba las elecciones de 2012.

Sin embargo, igual que en el juicio que se inició en su contra el martes, la acusación no pidió prisión preventiva. El juez decretó su libertad condicional con medidas cautelares como entregar su pasaporte, llevar un brazalete electrónico y presentarse ante las autoridades cada 15 días. No podrá salir de la Ciudad de México y su zona metropolitana.

El exfuncionario compareció por videoconferencia desde el hospital donde ingresó cuando fue extraditado desde España. En ambos procesos se declaró inocente y dijo que fue utilizado.

Las audiencias no fueron públicas pero toda la información que trascendió de las mismas procede de un resumen informal realizado por funcionarios del poder judicial y transmitido vía WhatsApp.

Según estas sinopsis, Lozoya dijo que fue “intimidado, presionado, influenciado e instrumentalizado” y se comprometió a denunciar y señalar “a las personas responsables de estos hechos y los posibles beneficiarios de los mismos”.

El caso del exdirector de la energética mexicana ha generado una tremenda expectación porque Lozoya fue un cercano colaborador del expresidente Enrique Peña Nieto, quien llegó al poder en 2012 de mano del PRI.

Directivos de Odebrecht denunciaron a finales de 2016 la red de sobornos que tenían organizada con altos funcionarios de América Latina, pero México era hasta ahora uno de los dos únicos países donde las investigaciones no habían avanzado. El otro es Venezuela.

Según la acusación, Odebrecht obtuvo ganancias por 39 millones de dólares por obras que realizó en México, y cuyos contratos aparentemente consiguió mediante sobornos, y dio a Lozoya 4 millones de dólares para financiar la campaña en 2012 de Peña Nieto.

La fiscalía indicó que se confabuló con su esposa, su hermana y su madre para canalizar dichos fondos a través de compañías fantasma bajo su control. Algunas de las empresas estaban ubicadas en paraísos fiscales.

También dijo que el responsable de la brasileña en México se reunía con Lozoya para “pedirle orientación en la estructuración de programas” en estados como Tamaulipas (noreste), Veracruz (este) e Hidalgo (centro del país).

Los fiscales mencionaron algunas cuentas que aparentemente fueron utilizadas en estas operaciones fraudulentas.

Odebrecht también aportó, supuestamente, otros 6 millones de dólares una vez que Peña Nieto asumió la presidencia. Parte de ese dinero se utilizó presuntamente para sobornar a legisladores para que aprobaran el emblemático paquete de reformas del gobierno de Peña Nieto, conocido como Pacto por México, que abrió el sector energético del país a una mayor inversión privada.

El actual presidente, Andrés Manuel López Obrador se opuso a la reforma energética y el miércoles insinuó en conferencia de prensa que en la segunda mitad de su gobierno, de 2021 a 2024, podría intentar revertir las aperturas energéticas al sector privado, pero respetando los contratos de exploración que se firmaron bajo las reformas.

Si se requiere una modificación a la ley para devolverle a Pemex y a la CFE (la Comisión Federal de Electricidad) su función de empresas estratégicas para el desarrollo de México y el predominio de la Nación sobre los recursos naturales, entonces veríamos si se presenta una iniciativa de reforma constitucional”, dijo López Obrador, refiriéndose a las décadas en donde Petróleos Mexicanos (Pemex) actuaba de forma monopólica.

La defensa ha insistido en que su defendido fue utilizado. Sin embargo, la fiscalía señaló que Lozoya supuestamente utilizó buena parte de los sobornos para adquirir bienes raíces para él o sus familiares.

Lozoya no identificó al grupo que asegura que lo “utilizó”, pero sus palabras parecen insinuar que está listo para implicar a exfuncionarios del gobierno de Peña Nieto, ya que su colaboración con la justicia puede implicar que actúe como testigo protegido a cambio de una posible reducción de sentencia o eliminación de los cargos.

El martes, la fiscalía pasó buena parte de la audiencia describiendo la manera en que supuestamente Lozoya recibió alrededor de 3,4 millones de dólares en pagos de una compañía mexicana en 2012. Dijeron que en 2013, como director de Pemex, Lozoya argumentó en contra de toda evidencia y razón que Pemex debería pagarle a dicha compañía un valor mucho mayor al establecido por una planta de fertilizantes obsoleta y en desuso.

El exfuncionario huyó de México y desató una persecución de varios meses por parte de las autoridades en el extranjero. La policía española lo arrestó en la ciudad de Málaga en febrero y fue extraditado a México a mediados de julio.