WASHINGTON.- La Corte Suprema de Estados Unidos calificó este viernes de constitucionales las leyes que prohíben a las personas sin hogar dormir al aire libre, rechazando los argumentos de que esa práctica equivalía a un castigo cruel. Un récord de 653 mil 100 personas están sin hogar en todo Estados Unidos, según un recuento de 2023.

El caso abordado por el máximo tribunal se originó en las regulaciones de la ciudad de Grants Pass, en el occidental estado de Oregón, que prohíben acampar o utilizar cualquier tipo de ropa de cama en una propiedad pública. Esa disposición fue tomada después que los parques de la ciudad se llenaran de tiendas de campaña, mantas y cartones.

Quienes la infrinjan se enfrentan a una multa de 100 dólares y posibles penas de prisión para los reincidentes. La decisión de la Corte, tomada por sus seis jueces conservadores con el voto disidente de los tres de la minoría progresista, estipula que la falta de vivienda no es una condición que habilite a nadie a invocar la enmienda constitucional que prohíbe los castigos corporales.

La Octava Enmienda de la Constitución cumple muchas funciones importantes, pero no autoriza a los jueces federales a arrebatar esos derechos y responsabilidades al pueblo estadounidense y, en su lugar, dictar la política de esta nación para las personas sin hogar», escribió el juez Neil Gorsuch a nombre de la mayoría.

La Corte Suprema asumió el caso después de que una coalición de estados liderados por republicanos, como Arizona, y dirigentes progresistas como el gobernador de California, Gavin Newsom, se quejaran de que un fallo de un tribunal inferior les impedía abordar la crisis de las personas sin hogar.

El ala conservadora de la Corte Suprema sostuvo durante las discusiones que se trata de un asunto que debe ser resuelto por cada estado y cada ciudad. Abogados de las personas sin hogar han argumentado que prohibir acampar a gente que no tiene dónde pasar la noche equivale a un «castigo cruel e inusual» sancionado por la Octava Enmienda de la Constitución estadunidense.

Dormir es una necesidad biológica, no un delito. Para algunas personas, dormir al aire libre es su única opción», dijo la jueza Sonia Sotomayor, de la minoría progresista.

Grants Pass, un municipio de 40 mil habitantes, carece de refugios públicos para personas sin hogar. Economistas sostienen que Estados Unidos no dispone de un stock de viviendas suficiente para satisfacer la demanda, lo que impulsa los precios al alza, afectando fundamentalmente a los sectores más pobres y favoreciendo la expansión del fenómeno de los «sin techo».

La Corte Suprema de Estados Unidos también limitó el campo de acción de una ley utilizada contra los partidarios del expresidente republicano Donald Trump que asaltaron el Capitolio el 6 de enero de 2021, al anular un cargo contra uno de ellos. Esta decisión podría tener consecuencias indirectas en el juicio federal contra Donald Trump por supuestamente haber intentado alterar el resultado de las elecciones de 2020, ya que este cargo es uno de los que pesan sobre él.

Este juicio de Trump está suspendido a la espera de que la Corte Suprema se pronuncie —en principio el lunes— sobre la inmunidad penal que reclama como expresidente. El fallo del viernes se centra en si el cargo de obstrucción de un procedimiento oficial se aplica al asalto al Capitolio, es decir, al intento de impedir que el Congreso validara los resultados de las elecciones.

El tribunal, por mayoría de seis votos contra tres considera que no puede aplicarse al expolicía Joseph Fischer por lo que hizo el 6 de enero de 2021.

Para probar que la ley se ha violado en este caso, la fiscalía debe «establecer que el imputado comprometió la disponibilidad o integridad de registros, documentos u objetos destinados a ser utilizados en un procedimiento oficial», escribió el presidente de la Corte, John Roberts, en nombre de la mayoría.

Por el contrario, la jueza conservadora Amy Coney Barrett y dos colegas progresistas discrepan. Estima que se trata de «contorsiones semánticas» para dar a la ley una interpretación más restrictiva que la que, según ella, pretendía el Congreso.

El secretario de Justicia, Merrick Garland, deploró en un comunicado esta decisión, que «limita una importante ley federal» utilizada por sus servicios para responsabilizar a los principales autores del «ataque sin precedentes» contra el sistema institucional del 6 de enero de 2021.

Pero «sólo tendrá consecuencias en un pequeño número de casos», según el departamento, que precisa que de las más de mil 400 personas acusadas por su participación en el asalto al Capitolio, menos del 18% fueron procesadas o declaradas culpables de este cargo. De los que lo fueron, unos 50 fueron condenados sólo por este cargo y 27 cumplen actualmente pena de prisión, según la misma fuente.