CIUDAD DE MÉXICO.- Las autoridades de algunos estados de México persiguieron a las mujeres que protestaban contra la violencia de género con acciones que fueron desde las detenciones arbitrarias, las agresiones verbales y físicas, las amenazas y hasta el abuso sexual con el objetivo de silenciarlas, denunció el miércoles Amnistía Internacional.

La organización presentó un informe que documentó distintas violaciones a los derechos humanos en manifestaciones ocurridas en 2020 en cinco estados de México y pidió a las autoridades que la represión no se repita en las protestas previstas para el 8 de marzo, cuando se celebra el Día Internacional de la Mujer.

El informe registró limitaciones al derecho a manifestarse en la Ciudad de México, detenciones arbitrarias, intimidaciones y desalojos con uso excesivo de la fuerza en el Estado de México; arrestos “preventivos” para evitar protestas en Sinaloa y detenciones, amenazas y dos casos de abusos sexuales a menores en Guanajuato.

El caso más grave fue una manifestación disuelta a tiros en la turística ciudad de Cancún en noviembre convocada tras el hallazgo del cadáver de una mujer dada por desaparecida, que además de arrestos irregulares dejó tres heridos y al menos una denuncia por violación.

Algunos de estos hechos han provocado la apertura de investigaciones judiciales y el cese en funciones de policías como en el caso de Cancún, pero Amnistía instó a que se manejen de forma imparcial y exhaustiva para que todos los responsables sean llevados ante la justicia.

No nos atrevemos a decir que es una práctica generalizada”, dijo a The Associated Press Edith Olivares, jefa de la Unidad de Derechos Humanos de Amnistía Internacional. “Pero no queremos que este patrón se instale en el país cuando estamos viviendo un incremento en el número de protestas encabezadas por mujeres”.

México ha sido condenado en tres ocasiones por la Corte Interamericana de Derechos Humanos: una por los feminicidios en Ciudad Juárez en 2009, otra por la violación de una indígena a manos de militares en 2010 y la más reciente, en 2018, por abusos sexuales y violaciones cometidos por policías a varias manifestantes en el estado de México.

Pero a diferencia de estos casos emblemáticos, decenas de asesinatos, desapariciones y abusos cometidos durante años permanecen en la impunidad.

Por ello a mediados de 2019 comenzaron a replicarse manifestaciones más radicales que incluyeron pintas en monumentos, cristales rotos y destrozos de mobiliario público con el argumento de que sólo con esas acciones los gobernantes tomarían medidas para frenar la violencia de género.

Para Amnistía estas acciones no constituyen un delito y aunque las fuerzas de seguridad pueden legítimamente intervenir para prevenir daños, siembre deben hacerlo de forma proporcionada y sin restringir los derechos de los manifestantes.

En lugar de eso, denunció la organización, se ha criminalizado y estigmatizado a las mujeres desde todos los niveles de gobierno, empezando por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y desde distintos sectores sociales.

Que no se confundan: estas protestas son un reclamo del derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, son un llamado a combatir la impunidad que prevalece en miles de casos de feminicidio y de violencia sexual que han causado un dolor inimaginable a tantas familias en México”, dijo Tania Reneaum, directora de Amnistía en México.

El miércoles el presidente volvió a arremeter contra las protestas y aseguró que en México “se garantizan los derechos de manifestación, de expresión… La única cosa es que las manifestaciones sean pacíficas porque, si hay violencia, es una contradicción. ¿Cómo se lucha en contra de la violencia y se manifiestan de manera violenta?”.

Asimismo criticó a quienes etiquetan al gobierno de estar en contra el movimiento feminista: “no es cierto, es una calumnia”.

Sin embargo, su reciente apoyo a un candidato a gobernador por su partido acusado de violación ha sido el último motivo de enojo de muchas feministas y el eje de las más recientes protestas tachadas por López Obrador de “politiquería”.

El informe de Amnistía enfatizó la desproporción en ciertas actuaciones policiales. “Destruir unas letras -una especie de monumento con el nombre de la ciudad de León- y que la autoridad amenace con desaparecer a personas no es un asunto menor en un país donde desaparecen personas todos los días”, indicó en alusión a lo ocurrido en agosto en el estado de Guanajuato.

Lo mismo sucede con las amenazas de ejercer violencia sexual que generan terror en muchas mujeres debido a un temor avalado por las cifras: según datos del gobierno federal casi 7 mil personas desaparecieron en 2020, un año en el que se denunciaron más de 54 mil delitos sexuales, entre ellos, más de 16 mil violaciones.