CIUDAD DE MÉXICO.- El referéndum en el que se decidiría si se enjuiciaba a cinco expresidentes mexicanos no logró los votos requeridos para ser válido, lo que dejó sin piso político la iniciativa impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para llevar adelante procesos contra los gobiernos anteriores.

De acuerdo a un primer boletín del Instituto Nacional Electoral (INE), basado en un conteo rápido, la participación en la consulta popular fue de entre 7,07% y 7,74%, muy por debajo del requisito de 40% que establecieron las autoridades electorales para que el proceso fuese válido, anunció la noche del domingo Lorenzo Córdova, consejero presidente del organismo.

Entre 89,36% y 96,28% votaron en favor del “sí”, y los sufragios en contra oscilaron de 1,38% a 1,58%, dijo Córdova en un discurso que se difundió en las redes sociales. El conteo rápido se llevó a cabo en mil 830 mesas receptoras de votación.

El INE había establecido que era necesaria 40% de participación (37,5 millones de electores) con en el fin de que la votación fuera vinculante para los poderes Legislativo y Ejecutivo federales.

El organismo electoral indicó que 93,6 millones de electores podían participar en el referendo.

El presidente del INE señaló que los resultados finales quedarán listos en el transcurso del lunes, cuando se concluya el cómputo de las 57.070 actas.

En la consulta se preguntó a los mexicanos: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.

El texto de la pregunta, que fue definido en octubre pasado por la Suprema Corte de Justicia, generó posiciones encontradas entre juristas y analistas, algunos de los cuales consideraron que estaba apegada a la ley, mientras que otros afirmaron que era confusa y muy general.

Aunque la iniciativa no logró el respaldo popular requerido, algunos analistas prevén que eso no cierra el camino para que el Poder Judicial de la Federación y la Fiscalía General de la República puedan llevar adelante cualquier proceso judicial.

Después de tres años de mandato, López Obrador se ha quedado corto en su principal promesa de erradicar la corrupción, con pocos procesos judiciales de alto perfil en lo que va del sexenio. Las acusaciones de corrupción hechas contra Emilio Lozoya, exdirector de Pemex durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, y otros funcionarios de ese gobierno han resultado difíciles de llevar a juicio.

Ante esa situación los analistas consideran que López Obrador busca la bendición del electorado para cambiar de rumbo y perseguir a los expresidentes, dos de los cuales — Felipe Calderón (2006-2012) y Vicente Fox (2000 a 2006) — han estado entre sus más duros críticos.

En total, México tiene a seis expresidentes vivos, el mayor de ellos Luis Echeverría, con 99 años.

El plazo de prescripción ha expirado para muchos de los abusos que se les acusa de cometer, la mayoría de los cuales involucran corrupción masiva, sobornos, despilfarro de dinero del gobierno y mala gestión económica criminal.