WASHINGTON.- El presidente Joe Biden y los demócratas en el Congreso propusieron el jueves una amplia reforma migratoria que ofrecería una ruta de ocho años para naturalizarse a unos 11 millones de personas que viven sin permiso en Estados Unidos.

La iniciativa de ley refleja las prioridades generales para la reforma migratoria que Biden estableció en su primer día en el cargo, incluyendo un incremento en el número de visas, más dinero para procesar las solicitudes de asilo y nueva tecnología en la frontera con México.

Sería un cambio radical con respecto a las políticas del gobierno del expresidente Donald Trump, y algunas partes probablemente enfrenten la oposición de varios republicanos. Biden ha reconocido que podría aceptar un enfoque más fragmentado si es que se logra conseguir la aprobación de elementos importantes por separado.

Tenemos el imperativo económico y moral de aprobar una reforma de inmigración amplia, audaz e incluyente”, dijo el senador demócrata Bob Menendez, uno de los principales impulsores del proyecto de ley, al presentarlo el jueves.

Menéndez dijo que los demócratas han fracasado en el pasado porque han cedido muy rápido a las “voces marginales que se han rehusado a reconocer la humanidad y las contribuciones que han hecho los migrantes a nuestro país, y descartan todo, sin importar cuán significativo sea en función de la seguridad nacional, considerándolo una amnistía”.

Por otra parte, las directrices de vigilancia que el nuevo gobierno difundió el jueves centrarán más directamente la acción de las autoridades de inmigración en las personas que representan un peligro y se encuentran sin permiso en el país. Este punto también constituye un cambio radical a la política de detener a los inmigrantes no autorizados en general aplicada por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) durante el gobierno de Trump.

La amplia reforma migratoria ofrecería una de las vías más rápidas hacia la naturalización de cualquiera de las propuestas de los últimos años, pero lo haría sin ofrecer mejoras a la seguridad fronteriza, un tema que en negociaciones anteriores sobre inmigración ha sido utilizado para captar votos republicanos. Sin una mejor seguridad fronteriza, el proyecto enfrenta fuertes dificultades en un Congreso altamente dividido.

Menendez dijo que ha estado conversando con sus colegas republicanos en un intento por “armar las piezas de un rompecabezas” en torno a una iniciativa de ley que recibiera votos suficientes para su aprobación. Reconoció que probablemente el resultado final cambie significativamente. Pero también dejó entrever que algunos elementos de la propuesta podrían ser incluidos, mediante una maniobra parlamentaria, en una iniciativa presupuestaria que sólo necesitaría 51 votos.

El proyecto de ley que los demócratas presentaron el jueves proporcionaría inmediatamente tarjetas de residencia permanente (conocidas como “green cards”) a los jornaleros agrícolas, a quienes recibieron estatus de protección temporal y a los jóvenes que llegaron a Estados Unidos sin permiso cuando eran niños. Para otras personas que han estado viviendo en el país hasta el 1 de enero de 2021, el plan establece un camino de cinco años para que puedan obtener el estatus legal temporal. Si aprueban las verificaciones de antecedentes, pagan impuestos y cumplen con otros requisitos básicos, entonces pueden solicitar la naturalización después de tres años más.

El plan también incrementaría los actuales límites por país a las visas de inmigración por motivos familiares y laborales. Eliminaría la sanción que prohíbe regresar a Estados Unidos durante tres a 10 años a esos inmigrantes que estaban sin permiso en el país y deciden salir de él. También prevé recursos para un número mayor de jueces, personal de apoyo y tecnología a fin de subsanar el rezago acumulado en el procesamiento de las solicitudes de asilo.

El proyecto de ley ampliaría las fuerzas antinarcóticos transnacionales en América Central y mejoraría la tecnología en la frontera. Además, instauraría el procesamiento de refugiados en Centroamérica, en un intento por impedir la formación de caravanas de migrantes que han abrumado la seguridad fronteriza en los últimos años.

El plan contempla 4 mil millones de dólares repartidos en cuatro años con la idea de incrementar el desarrollo económico y combatir la corrupción en América Latina a fin de reducir las circunstancias que propician la migración hacia Estados Unidos.