WASHINGTON.- El presidente Joe Biden firmó el martes una segunda serie de órdenes ejecutivas para revertir las políticas migratorias de su predecesor, poniendo de relieve tanto los poderes de la Casa Blanca como sus limitaciones sin el respaldo del Congreso.
Los decretos del martes, relativos a la separación de familias, seguridad fronteriza e inmigración legal, elevan a nueve el número de acciones ejecutivas de Biden en materia migratoria en sus primeras dos semanas en la presidencia. Con una propuesta de ley para otorgarles estatus legal y una vía a la naturalización a cerca de 11 millones de personas, Biden ha apuntado a muchos de los cambios radicales que implementó el presidente Donald Trump para desalentar la inmigración, tanto legal como ilegal, y ha establecido un proyecto que posiblemente permanezca mucho después de que haya dejado el cargo, siempre que obtenga apoyo suficiente en un Congreso sumamente dividido.
Biden revirtió algunas de las medidas de Trump y estableció las bases para derogaciones de mayor alcance, dependiendo del resultado de las revisiones que se llevarán a cabo en los próximos meses.
No estoy creando nuevas leyes. Estoy eliminando las malas políticas”, dijo Biden durante la ceremonia de firma de las órdenes, en la que no respondió a preguntas de la prensa.
Alejandro Mayorkas, cuya nominación como secretario de Seguridad Nacional fue confirmada en el Senado el martes, encabezará a un equipo que abordará la separación de familias migrantes, enfocado en gran parte en reunir a padres y menores que siguen separados. No está claro cuántos, pero en documentos oficiales se ha identificado a casi 5.500 menores que fueron separados de sus padres en la frontera durante la presidencia de Trump, incluidos unos 600 que no han sido localizados por una comisión designada por un tribunal.
Vamos a trabajar para enmendar la vergüenza moral y nacional del gobierno anterior”, dijo Biden.
La revisión examinará la posibilidad de otorgar estatus legal en el país a los miembros de las familias que fueron separadas y brindarles servicios de salud mental.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que entabló una demanda para reunir a las familias, ha solicitado al gobierno estatus legal en Estados Unidos para las miles de familias migrantes que han sido separadas, así como compensación económica para éstas y que el gobierno cubra todos los gastos legales.
La revisión de la seguridad fronteriza incluirá una medida que obliga a los solicitantes de asilo a esperar en México a que llegue la fecha para sus audiencias en cortes migratorias de Estados Unidos.
Es un paso hacia el cumplimiento de una promesa de campaña de poner fin a la política Permanecer en México, conocida oficialmente como Protocolos de Protección al Migrante, que registró a casi 70 mil solicitantes de asilo desde que entró en vigor en enero de 2019.
Biden pidió una “estrategia gradual para el ingreso seguro y ordenado a Estados Unidos” de aquellos que ya se inscribieron pero continúan esperando en México a que un juez decida sus casos.