CIUDAD DE MÉXICO.- El Senado de México votó a favor de imponer multas de hasta 47 mil dólares a los hoteles, restaurantes u otros propietarios que restrinjan el acceso a las playas del país.

El proyecto de ley fue aprobado de manera unánime el martes y también requiere que los propietarios permitan el acceso al público a través de sus terrenos a las playas que no tienen otros caminos. La medida pasará ahora a manos del presidente para su aprobación.

Desde hace tiempo, los mexicanos se han quejado debido a que los restaurantes, clubes y hoteles privados han levantado barreras o colocado guardias para mantener a los locales fuera de “su” tramo de playa.

La ley federal ya estipula que no se puede negar el acceso a un espacio 20 metros tierra adentro desde la línea de pleamar, pero algunos negocios delimitan áreas exclusivas casi hasta la orilla del mar. Los establecimientos que quebranten la ley en repetidas ocasiones podrían perder sus permisos para operar en cualquier parte de la playa.

En febrero, dos turistas mexicanos fueron arrestados brevemente en Playa del Carmen, en la costa del Caribe, después de rehusarse a abandonar un tramo de playa que había sido tomado por un restaurante local para colocar mesas para sus clientes. Los arrestos provocaron protestas y el gobierno local eventualmente se disculpó.

El “club de playa” privado había estado cobrando por usar los camastros colocados casi a la orilla del mar y el establecimiento llamó a la policía municipal una vez que la pareja se rehusó a abandonar lo que el club llamó un “pasillo de servicio” en la arena. Un video publicado en las redes sociales mostraba a la pareja siendo esposada y retirada por la policía ante las protestas de la gente, que señalaban que el acceso a la playa está protegido por la ley.

De acuerdo con fotografías publicadas en las redes sociales, el club de playa había colocado sus sombrillas y camastros a pocos metros del mar, cobrado a los turistas 40 dólares por usarlos.

El asunto también ha tomado relevancia durante la pandemia, debido a que se cerraron las playas públicas a lo largo de buena parte de la costa del Caribe como medida sanitaria, pero los turistas —a menudo extranjeros— podían seguir disfrutando de las playas de los hoteles que tienen acceso directo.

La senadora del Partido del Trabajo, Alejandra del Carmen, celebró la nueva ley y dijo que la práctica de “privatizar las playas y entregarlas” a empresas privadas era un “acto de clasismo y discriminación” en contra de las familias mexicanas.