CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno de México se escudó en la pandemia de Covi-19 para justificar la imposición de nuevas reglas que reducirán el papel de las energías renovables, como la solar y la eólica.

El decreto emitido el fin de semana ha desatado indignación entre inversionistas locales y extranjeros a los que se les había permitido vender su energía a la red operada por el gobierno. Asociaciones de la industria indicaron que la medida afectará 28 proyectos solares y eólicos que ya estaban listos para entrar en operaciones, y a otros 16 en construcción, con una inversión total de 6 mil 400 millones de dólares.

Esto representa un ataque frontal a la certeza jurídica de las inversiones en México, causando graves consecuencias para el país como la pérdida de empleos, de confianza de inversionistas”, señaló el Consejo Coordinador Empresarial en un comunicado emitido el domingo.

El organismo señaló que se afectarán inversiones por 30 mil millones de dólares, y resaltó que “no sólo discrimina a las energías renovables, también faculta a las autoridades para encarecer artificialmente la generación de electricidad en el país y desplazar arbitrariamente cualquier proyecto de generación del sector privado”.

No es el primer enfrentamiento de este tipo entre el presidente Andrés Manuel López Obrador, promotor de la industria petrolera paraestatal y opositor a los proyectos de energías renovables y del sector privado. Desde que asumió el puesto en diciembre de 2018, ha cancelado una licitación planeada para la exploración petrolera privada y forzó a compañías privadas a renegociar contratos de oleoductos.

Las nuevas reglas, publicadas el viernes por la noche, parecen cumplir cada uno de sus objetivos: garantizar el ingreso para el proveedor de energía eléctrica del gobierno; impulsar el consumo de las reservas gubernamentales de combustibles; reducir el papel de los generadores privados de energía, y evitar las interrupciones en el suministro en el viejo e inadecuado sistema de transmisión energética del Estado.

Un punto sorprendente es que el gobierno hiciera referencia a la pandemia del coronavirus — y a los cierres económicos que la acompañan — para justificar la medida.

El gobierno defendió las restricciones, señalando que le permiten “asegurar la confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional ante la disminución de la demanda de energía eléctrica por la pandemia y, debido a que las centrales eléctricas renovables intermitentes producen oscilación en el SEN y provocan interrupciones, requiere que la inyección de energía de estas fuentes sea postergada durante la pandemia”.

Las costosas tarifas del servicio eléctrico en México han sido un lastre desde hace tiempo para la industria, pero algunas compañías grandes creían que habían encontrado una solución mágica a principios de la década de los 2000: Podrían generar energía sustentable a partir de sus propios proyectos renovables, o de aquellos de empresas especializadas, y tener energía más barata y más ecológica.

Pero México ha actuado con lentitud para construir el tipo de infraestructura de transmisión que podría llevar más energía de las zonas costeras o desérticas —donde están los proyectos solares y eólicos— a las ciudades industriales que las necesitan. El país también se ha tardado en construir plantas suplementarias para las épocas en que la energía solar o eólica se reduce de forma natural.